Hace unas semanas atrás el Premier Jorge del Castillo anunció el inicio del Plan de reparaciones colectivas para las víctimas de la violencia política que azotó nuestro país entre los años 1980-2000. De las 440 comunidades a nivel nacional que fueron priorizadas en base a los Censos por la Paz, se encuentran 05 de San Martín: Yumbatos, Alianza, Pachiza, Nuevo Horizonte y La Victoria. Según el Secretario Técnico de la CMAN Jesús Aliaga serán las municipalidades distritales las que ejecuten el presupuesto que para este año ascendente a 45 millones de soles. En cada comunidad se ejecutarán proyectos de inversión no mayor de 100,000 nuevos soles.
Según el abogado de Paz y Esperanza, Sergio Verástegui, “la asignación de S/. 100 000 a las 440 comunidades del país no ha seguido los criterios de salvaguarda que la propia legislación de la materia establece”. En efecto, si revisamos el artículo 28º del Reglamento de la Ley del PIR, vemos que la CMAN debe coordinar con los sectores: agricultura, salud, educación y mujer, al momento de intervenir en una comunidad para asignar reparaciones colectivas. Y, si nos detenemos en el no menos olvidado artículo 58º de la misma norma, encontramos que la CMAN , en coordinación con los gobiernos locales y regionales, “realizará consultas con las poblaciones afectadas sobre las modalidades de reparación colectiva que deberán ser implementadas, para posteriormente coordinar con los Ministerios involucrados las medidas a tomar para alcanzar los objetivos de dicho Programa”. Creo que no queda mucho que decir, el procedimiento es clarísimo.
En tal sentido, la consulta a las poblaciones priorizadas es una tarea que el gobierno regional debe asumir. Hay que viajar a las comunidades afectadas y preguntarles qué quieren como reparación o qué los haría sentirse reparados. Y esto se puede hacer por asambleas comunales o audiencias abiertas. Por otro lado, el gobierno regional tiene que capacitar a las autoridades locales en la formulación y gestión de proyectos de reparación para que el dinero no termine perdiéndose en otras necesidades que no tienen nada que ver con reparaciones.
Finalmente, el gobierno regional debe invitar a la CMAN a que informe ante el Consejo Regional de Familiares Víctimas de la Violencia Política sobre los avances en materia de reparaciones colectivas, el Registro Único de Víctimas, las acreditaciones que se vienen otorgando para la atención en el SIS, entre otros temas.
Según el abogado de Paz y Esperanza, Sergio Verástegui, “la asignación de S/. 100 000 a las 440 comunidades del país no ha seguido los criterios de salvaguarda que la propia legislación de la materia establece”. En efecto, si revisamos el artículo 28º del Reglamento de la Ley del PIR, vemos que la CMAN debe coordinar con los sectores: agricultura, salud, educación y mujer, al momento de intervenir en una comunidad para asignar reparaciones colectivas. Y, si nos detenemos en el no menos olvidado artículo 58º de la misma norma, encontramos que la CMAN , en coordinación con los gobiernos locales y regionales, “realizará consultas con las poblaciones afectadas sobre las modalidades de reparación colectiva que deberán ser implementadas, para posteriormente coordinar con los Ministerios involucrados las medidas a tomar para alcanzar los objetivos de dicho Programa”. Creo que no queda mucho que decir, el procedimiento es clarísimo.
En tal sentido, la consulta a las poblaciones priorizadas es una tarea que el gobierno regional debe asumir. Hay que viajar a las comunidades afectadas y preguntarles qué quieren como reparación o qué los haría sentirse reparados. Y esto se puede hacer por asambleas comunales o audiencias abiertas. Por otro lado, el gobierno regional tiene que capacitar a las autoridades locales en la formulación y gestión de proyectos de reparación para que el dinero no termine perdiéndose en otras necesidades que no tienen nada que ver con reparaciones.
Finalmente, el gobierno regional debe invitar a la CMAN a que informe ante el Consejo Regional de Familiares Víctimas de la Violencia Política sobre los avances en materia de reparaciones colectivas, el Registro Único de Víctimas, las acreditaciones que se vienen otorgando para la atención en el SIS, entre otros temas.
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