Para nadie es un secreto el pacto tácito entre el gobierno aprista con el Fujimontesinismo. Los más interesados en sostener este infame pacto son aquellos implicados en denuncias por violaciones a los derechos humanos y por corrupción. Entre los implicados encontramos a políticos, militares, empresario, medios de comunicación, periodistas; sólo para citar algunos. Los casos Pandolfi y Sergio Tapia, las declaraciones de Rafael Rey, el papel de vicepresidente Guiampietri han fortalecido las percepciones de la población sobre ese pacto. En ese sentido, el pacto tiene el color de la impunidad y la estrategia es desbaratar la justicia y la verdad.
Pero la justicia y la verdad son bienes muy preciados si queremos construir un país verdaderamente democrático e inclusivo. Un instrumento para acercarnos a la verdad de lo que pasó en el Perú en la década de los ’80 y ’90 es el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (IFCVR). Ahí se establece responsabilidad política en los gobiernos de turno y se sugiere responsabilidad penal para los implicados. Las recomendaciones que presentó dicha Comisión son planteadas en el horizonte de la Reconciliación Nacional y la Democratización del país que actualmente vienen siendo atendidas parcialmente. Las recomendaciones no sólo se componen de reparaciones, que es el proceso que más se ha avanzado, sino también de judicialización, reforma institucional y memoria histórica, que son procesos que no caminan como deberían. Por eso decimos que las recomendaciones de la CVR se vienen cumpliendo parcialmente.
Ante esta situación, no creo que exista un proceso de reconciliación, lo que hasta ahora se viene dando son ciertas reparaciones sin una política clara de Reconciliación Nacional, toda vez que, no existe el Consejo Nacional de Reconciliación encargado de monitorear dicho proceso. Las reparaciones, como parte del proceso de reconciliación, vienen siendo conquistadas por la insistencia de la sociedad civil y las organizaciones de víctimas y no como parte de políticas claras de reparaciones. Además, existe la posibilidad de un manejo político de las reparaciones, es decir, a cambio de judicialización y reforma institucional se hace la finta de reparar.
El presupuesto asignado para este año busca atender reparaciones colectivas de zonas con alta afectación. El IFCVR indica claramente que los centros poblados más afectados fueron precisamente los más distantes y empobrecidos muchos de ellos con una lengua materna diferente al castellano. Para este sector, la sobrevivencia, que está ligada a la pobreza extrema, es su preocupación primera y última. Si el alivio viene por programas sociales o por reparación siempre será bienvenida. Si llegan las reparaciones sin tener una clara dimensión reconciliadora, se corre el riesgo de politizar el proceso, o en el peor de los casos, si se confunde programas sociales con reparación, no se estará cumpliendo con el sentido ulterior: la Reconciliación Nacional.
Algo parecido está pasando en San Martín. Tras un Gobierno Regional que entre marchas y contramarchas impulsó algunas propuestas de sensibilización e información entre los responsables de los diferentes sectores, el desinterés sigue igual.
Un nuevo Gobierno Regional se ha instalado, nuevos funcionarios han llegado y una nueva etapa de aprendizaje se ha abierto. A casi tres años de haberse instalado la Comisión Regional de Familiares Víctimas de la Violencia Política, lo que se ha conseguido es mínimo. Esta Comisión fue creada con la finalidad de desarrollar propuestas de políticas públicas a favor de las victimas de la violencia política. Sus 17 integrantes, en su mayoría del sector público, no asumen con responsabilidad su rol; sus delegados cambian constantemente. Lo que sucede con esta Comisión es que la mayoría de sus integrantes no están lo suficientemente informados de la realidad social, económica, física y psicológica de las víctimas. Hasta la fecha, no cuenta con información estadística clara y recién están haciendo los esfuerzos por elaborar un registro regional de víctimas. Hasta el momento se cuenta con la aprobación de la ficha técnica para tal fin pero no se cuenta con presupuesto ni estrategia para recoger la información. Sin una política regional clara en materia de reparaciones que tenga su fundamento en la reconciliación e integración del país, los esfuerzos que se vienen haciendo serán esfuerzos aislados sin una visión integral del proceso.
El Presidente Regional tiene en agenda una preocupación central, el medio ambiente y la ayuda a los damnificados del sur, mientras que los consejeros regionales sólo enfocan los problemas de sus localidades sin una reflexión de lo que como región se necesita resolver. Sólo uno de ellos intenta hablar de la problemática de las víctimas sin mayor eco entre los demás. Las reparaciones es aun un tema pendiente en ese nivel. Hacen falta políticas claras de reparación y un liderazgo regional para empezar a materializar las reparaciones y la judicialización.
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