Faltan pocos días para celebrar un aniversario patrio más. Todos sabemos que en estas fiestas patrias, como el tradicional sermón de las tres horas en semana santa, el presidente Alan García Pérez dará un discurso a la nación con carácter “evaluativo”. Éste será el primer discurso del primer año de su segundo mandato. Pero, no será el único que hará una evaluación política de su gobierno; analistas reconocidos de todas las tendencias; ciudadanos comunes y corrientes lo vienen haciendo a través de los medio de comunicación o encuentros coloquiales.
A diferencia de lo que cree la mayoría de maestros del SUTEP, las evaluaciones son buenas y necesarias. Una evaluación nos permite conocer cuántos logros se han obtenido en un proceso, cuánto se está avanzando, cuánto falta por lograr y sobre todo, cuáles son las principales dificultades encontradas y cómo superarlos. Ningún proceso que aspira alcanzar el éxito puede prescindir de evaluaciones periódicas. En ese sentido, toda evaluación debería tener un carácter propositivo al mismo tiempo que recreador de recursos y estrategias.
Con esta idea en mente haremos un breve análisis del proceso de reparaciones que, en razón del justo derechos que tienen las víctimas de la violencia política, el gobierno regional de San Martín viene implementando conforme lo demanda la ley 28592. Algunas preguntas clave guiarán nuestro recorrido en este análisis. ¿Cuántos programas de reparación se han logrado implementar? ¿Cuál es el rol del Gobierno Regional en las Reparaciones? ¿Cuáles son los nudos que dificultan el proceso? ¿Por dónde se tiene que empezar a resolverlos?
La instancia regional encargada de atender el tema de las reparaciones es la Comisión Regional de Familiares Víctimas de la Violencia Política, creada mediante Ordenanza Regional Nº 017-2004. Esta Comisión tiene la función de diseñar política de reparación individual y colectiva; contribuir en el Registro Regional de Víctimas; proponer iniciativas legislativas así como coordinar el seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones del Informe Final de la CVR, entre otros. Está conformada por 17 integrantes: un representante del sector Salud, Educación, Vivienda, Trabajo, un representante del Ministerio del Interior, MIMDES, Poder Judicial, Ministerio Público, iglesia católica y evangélica, ONG de Derechos Humanos, ANRESAM, FREDISAM, Universidades, Colegio de Profesionales, MCLCLP y cuatro interlocutores de las organizaciones de víctimas: ASREFAVISAM. Esta Comisión está presidida por el gobierno regional, específicamente por la Gerencia de Desarrollo Social, que en la actualidad está a cargo de la Dra. Rosario Antón Sarmiento.
Desde su creación en el 2004, la Comisión poco o nada hizo para impulsar el proceso de reparaciones. Las exigencias de las víctimas se acrecentaron hasta el punto que tuvo que intervenir el mismo Presidente de la PCM Dr. Jorge Del Castillo y el Secretario Ejecutivo de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel - CMAN Dr. Jesús Aliaga, para demandar de la Comisión la oportuna atención a las víctimas de la violencia política. Entre el 2004 y 2006 sólo se realizaron dos reuniones ordinarias con pocos resultados concretos.
Este año en cambio, la Dra. Antón convocó a la Comisión a su primera reunión ordinaria a los 17 días de haber asumido el cargo y desde esa fecha se tienen reuniones periódicas. Buen comenzó. Como era de esperarse los representantes regionales de la Asociación de Víctimas (ASREFAVISAM) presentaron sus demandas largamente postergadas. En una rápida gestión administrativa fueron atendidos los pedidos de exoneraciones de matrículas así como el pago por concepto de APAFA. A nivel regional casi 120 niños y niñas en edad escolar han recibido este beneficio. Sin embargo, las gestiones para acceder a la atención en salud mediante el Sistema Integral de Salud (SIS) no han obtenido los resultados deseados.
Uno de los mayores obstáculos en el proceso es la falta de un registro consolidado de las víctimas de San Martín. Hasta el momento no se sabe con exactitud cuántos son, dónde están, que edades tienen, cuáles son las secuelas que los oprimen. Sin un Registro Regional de Víctimas (RRV) es poco lo que se puede hacer en favor de ellos. La Comisión asumió el desafío de contar con un RRV. Después de seis meses de reuniones de trabajo sólo se cuenta con una lista de nombres con datos básicos que las organizaciones de víctimas han alcanzado a la CMAN para inscribirse en el Padrón Nacional de Organizaciones de Afectados. Según la Resolución Ministerial Nº 325-2004-PCM que crea dicho padrón, éste nada tiene que ver con registrar a las víctimas. Es decir, los casi mil nombres que existen en la base de datos de la Comisión no resistirían la más mínima revisión del Consejo de Reparaciones (CR) encargado de elaborar el Registro Único de Víctimas (RUV) a nivel nacional.
La Secretaria Ejecutiva del CR, Sofía Macher declaró en una reunión de trabajo que se vienen haciendo convenios con diferentes gobiernos regionales, en el que está incluido San Martín, a fin de coordinar acciones que permitan integrar los registros regionales que se vienen elaborando. Estos registros regionales, para ser integrados, tienen que seguir criterios legales y técnicos. Según el informe de la secretaria técnica del CR, Marucia Ruiz-Caro el gobierno regional de San Martín no ha respondido al convenio enviado por ellos.
Si la Comisión no toma en serio su responsabilidad en la elaboración del RRV se corre el riego de incumplir con los requerimientos del CR para que el registro pueda ser integrado. Y si las víctimas de San Martín no están en el RUV sencillamente no serán reparados. Así de simple y serio es la cosa.
Para elaborar el RRV no sólo se requiere de criterios legales y técnicos, sino también de presupuesto. Según el especialista del IDL Gorge Farfán, asesor técnico del gobierno regional de Huancavelica y Apurímac en materia de registros de víctimas, el costo aproximado para el registro de San Martín es de casi un millón de soles. Su geografía y su extenso territorio hacen que se incrementen los costos. El costo material es irrelevante cuando se trata de atender a una población largamente postergado y sufrió perdidas irrecuperables.
La Asociación Paz y Esperanza, integrante de esta Comisión y que acompaña a las víctimas desde hace más de 5 años, envió a la Dra. Rosario Antón la ficha técnica de un proyecto de reparación con información mínima para ser presentado en IV taller del Presupuesto Participativo que se realizó en la provincia de Bellavista en el mes de Junio. Pero, para sorpresa de las víctimas y misma Asociación el proyecto no fue presentado. El resultado final de la gestión de la presidenta de la Comisión en el Presupuesto Participativo es nula: no contamos ni con proyecto de reparación ni con presupuesto para empezar a elaborar el RRV en el 2008. No estoy muy seguro si es por el monto presentado o porque la población afectada no representa un sector políticamente atractivo. Siendo el RRV un instrumento clave para identificar a quienes hay que reparar, sin embargo, es poco o casi nada lo que se ha avanzado.
Otra de las cosas realmente preocupantes es la poca capacidad de reacción que la Comisión tiene antes las denuncias por el tráfico de fichas que algunos líderes inescrupulosos vienen haciendo. Se está traficando con fichas individuales que servirán para registrar a las víctimas. Hasta el momento el CR no ha diseñado la ficha oficial pero en la región existen 02 formatos de fichas individuales. Al mismo tiempo viene circulando las fichas que servirán para elaborar los dos registros creados por ley: Desplazados y Desaparecidos. El primero está a cargo del MIMDES, el segundo de la Defensoría del Pueblo. Todos estos registros se integrarán en el RUV mediante protocoles que el CR viene preparando.
La falta de claridad en algunos funcionarios del estado, por un lado, y la preocupación de las víctimas por estar registrado, por otro, ha hecho que muchos caigan en manos de líderes inescrupulosos que están lucrando con la esperanza de las víctimas. Esto no puede seguir así, la Comisión tiene que intervenir y parar este tráfico mal intencionado. Hace falta establecer mecanismos que ayuden a controlar estas anomalías que se da en todo proceso sobre todo cuando se trata de recibir algún beneficio económico.
Lo concreto es que en este año las reparaciones están lejos de ser implementadas. Las exoneraciones por el pago de matrícula tienen que ser entendidas en el marco de las acciones de las APAFAS que decidieron no cobrar. Los avances en el proceso vienen lentos. Se ha presentado un proyecto de ordenanza que crea el Registro Regional de Víctimas y el Plan Integral de Reparaciones que espera ser aprobado en la siguiente sesión de Consejo.
Por último, ante la aprobación de la CMAN de que sean las municipalidades locales la que ejecuten el presupuesto de las reparaciones colectivas que asciende de 45 millones de soles , la Comisión hizo llegar un oportuno pronunciamiento a la CMAN indicando que se respeten las instancias creadas en las regiones y exigiendo mayor coordinación e información. Hasta el momento no hay respuesta de la CMAN y tal parece que todo ha quedado igual.
Para que las cosas empiecen a cambiar la Comisión tiene que actuar como lo hiza ante la CMAN en el caso de las reparaciones colectivas. Si el Presidente Regional quiere cumplir con las promesas hechas durante su campaña electoral tiene que prestarle más atención al proceso de reparaciones monitoreando y supervisando el trabajo del presidente de la Comisión que finalmente lo representa. Con estos cambios sustanciales se garantizará que el proceso de reconciliación que ha emprendido el país no quede inconcluso.
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