Entre los años 1980 y 2000 nuestro país vivió veinte duros años de conflicto armado interno que, según el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (IFCVR), causó aproximadamente setenta mil víctimas fatales. En dicho informe, San Martín es uno de los departamentos con alta afectación producto de esos años de violencia. Junto a Junín, Huanuco, Huancavelica y Apurimac representan el 45% del total de los muertos y desaparecidos.
Según los datos que encontramos en la Tabla Intermuestral del IFCVR, los Censos por la Paz 2001-2005 y la lista inicial de “Los Peruanos que faltan” que obra en manos de la Defensoría del Pueblo, la cifra aproximada en San Martín llega a 2,920 víctimas muertas y desaparecidas: Huallaga 94; Rioja 80; Bellavista 105; Picota 93; El Dorado 142; Moyabamba 183; Lamas 277; Mariscal Cáceres 349; San Martín 244; Tocache 1,245; sin ubicación 108. Esta cifra no considera los casos que no fueron denunciados ni testificados ante dicha Comisión ni ante ninguna otra institución. El estimado de los no registradas se calcula en 1,000 víctimas más. A ésta cifra se suman las víctimas sobrevivientes de tortura, mutilación física, violaciones sexuales y los que fueron encarcelados injustamente que, según los datos obtenidos de las 21 organizaciones de víctimas existentes en la región, suman 300 aproximadamente.
Según la ley 28592 que crea el Plan Integral de Reparaciones los familiares de los muertos y desaparecidos, es decir, mamá, papá, esposa, esposo, hijos e hijas son calificados como víctima. Con un simple cálculo matemático podemos determinar la cifra aproximada de víctimas en la región: 2,920 + 1,000 x 6 + 300 = 23,820.
Mención aparte merecen los desplazados. Producto del conflicto armado muchos sanmartinenses tuvieron que abandonar su lugar de residencia y sufrir el desplazamiento interno para salvar su vida. Otros cientos de desplazados llegaron de las zonas de conflicto y se refugiaron en nuestra región. Actualmente el MINDES viene haciendo un registro nacional de esta población.
Las víctimas de la violencia política representa el 3.14% de la población general (sin contar a los desplazados) y la mayoría se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema. Muchos de ellos sufren desnutrición; viven en casas precarias y sufren de alteraciones mentales. Otros han trucado sus estudios y han perdido sus propiedades siendo contados entre los grupos excluidos. El Estado y los gobiernos regional y local deben cumplir con su obligación de proteger, garantizar y promover los derechos humanos para todas y todos los peruanos, y en especial los derechos de las víctimas del conflicto armado interno. De esta manera se podrá establecer una nueva relación entre el Estado y la sociedad, entre éste y quienes han sufrido la violación de sus derechos fundamentales; construir una cultura de derechos y evitar que los hechos de violencia se vuelvan a repetir.
En ese sentido, el actual Plan de Desarrollo Concertado (PDC) nos permite pensar en una región inclusiva, democrática y concertadora entre Estado y sociedad civil con la finalidad de generar mejores condiciones de vida digna que permitan seguir trabajando por el desarrollo sostenible. A través del EJE DE DESARROLLO SOCIAL que define el desarrollo de capacidades humanas e institucionales como uno de sus principales objetivos es que se puede dar cumplimiento a la justa demanda de la población afectada canalizándola en los Presupuestos Participativos.
En los foros regional y distrital que se realizaron en el mes de octubre de 2006 las organizaciones de víctimas presentaron las siguientes demandas que quedaron registradas en el ACUERDO REGIONAL firmado en Tarapoto con la participación del actual Presidente Regional César Villanueva y que consiste en lo siguiente:
- Implementación del Plan Integral de Reparaciones (PIR) de la región
- La creación del Registro Regional de Víctimas (RRV).
Esta demanda bien puede ser atendida si la Comisión Regional que ve el tema de las reparaciones a las víctimas de la violencia política se animase a formular un proyecto de reparación que permita gestionar estos dos instrumentos tan importantes en el proceso de justicia y reparación para este sector invisibilizado.
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