viernes, 2 de mayo de 2008

LA PAZ A COSTA DEL AMOR, una reflexión a raíz de la película "Luz Silenciosa"

Hace unas semanas fui con unos amigos a mirar la película "Luz Silenciosa". Esta película ha sido premiada en varios festivales siéndo su máximo premio el Oscar a la mejor película extranjera del 2007. Luz silenciosa es una película que aborda los conflictos, tantos internos como externos de Johan, un creyente menonita casado con Esther y padre de una familia de seis niños. Johan y su familia viven en el norte de México y contra la ley de Dios y del hombre, Johan se ha enamorado de otra mujer de nombre Marianne con quien sostiene una relación amorosa desde dos años y quien, además, parece ser la mujer de su vida. Todo se desarrolla dentro de una comunidad menonita, caracterizada por ser ultra conservadora en sus valores, su vida social y sus formas de relacionarse los unos con los otros. Johan es llanamente un hombre con el corazón dividido, que ama a su esposa y a sus hijos con la misma intensidad con la que siente amar a Marianne. El conflicto, dramatizado en la vida familiar de Johan, plantea una pregunta interesante que intenta ser respondida por Carlos Reygadas, director de la película: ¿Cómo resolver aquellos conflictos que amenazan la estabilidad de una comunidad creyente, tradicional y conservadora o que se guía por el sentido común? Esta pregunta, creo yo, nos remite al tema del conflicto entre el destino y la responsabilidad personal o comunitaria.

De una forma que la película no explica, Marianne irrumpe en la vida de Johan. Su presencia y su relación con Johan es desestabilizadora, no sólo para él sino también para toda la familia, incluso para su familia extendida. El conflicto toma cuerpo y se apodera del protagonista cuando descubre que el amor que siente por ella es tan, o más intenso, que el amor por su legítima esposa. En medio de ese conflicto, o como producto de él surge una pregunta atrevida: ¿puede ser el amor una creación del maligno? Johan estaba conmovido de sus propios sentimientos: se sentía vivo, renacido, con una creatividad inmensa. Su amor lo llevó a desafiar los cimientos de sus creencias religiosas. Aun cuando quería seguir conservando sus tradiciones, no quería al mismo tiempo, dejar de amar a la mujer que no era su esposa. Esto lo metió en un conflicto personal intenso y éste lo llevó a buscar respuestas que fueran más allá de las explicaciones tradicionales: el destino o la voluntad de Dios o aquellas que se fundamentan en la “teología natural”.

No es fácil para nadie tomar una decisión en una situación crítica y mucho menos cuando la búsqueda por nuevas respuestas -a viejas preguntas- no ha sido fructífera. El padre de Johan, que había vivido una situación parecida cuando él estaba pequeño, resolvió su conflicto de la manera tradicional, culpando al maligno. Y, claro, si el maligno es el origen o causa de ese sentimiento el amor se convierte en aventura y la mujer en amante. Y, que tal, si el amor por Esther se hubiera gastado ¿es legítimo amar a otra persona que no sea su esposa? ¿Cuánta rutina es suficiente para caer en la cuenta que se acabó el amor? En el fondo de este drama se esconde una pregunta cuestionadora capaz de amenazar la estabilidad de una comunidad creyente, tradicional, conservadora que se ha mantenido lejos de la “contaminación” moderna. Johan no estaba dispuesto a renunciar a su nuevo amor sin respuestas claras; no estaba dispuesto a renunciar a su tradición creyente pero tampoco a aceptarla sin cuestionamientos. No era falta de capacidad para tomar una decisión, todo lo contrario, era la tranquilidad por una decisión bien tomada.

Marianne por su parte, agobiada por sus sentimientos de culpa hace una reflexión diferente y toma una decisión en otra dirección: ponerle fin a su amor. Ella no soporta la idea de trastocar los principios fundantes de la comunidad menonita, no se atreve a canjear amor por paz aun que eso signifique morirse de amor. Su determinación lo expresa en la sentencia que es el clímax de la película: "La paz es más fuerte que el amor". Los intereses de la comunidad están por encima de los intereses personales. Las tradiciones no se cambian, las creencias no se venden, es decir, ninguna razón es suficiente para trastocar la paz de la familia, de la comunidad, de la tradición ni siquiera la razón del amor.

Con la renuncia de Marianne al amor por Johan la familia de éste vuelve a su alegría original, todos menos Johan que llora desconsoladamente porque tal vez no consiguió lo que buscaba: resolver el conflicto de una manera reconciliada. Su búsqueda le demandó mucho tiempo, tanto tiempo que la decisión tomada por ella dejó que las cosas siguieran intactas, como si no hubiera pasado nada, garantizando de esta manera la paz de la comunidad a costa del amor.

martes, 28 de agosto de 2007

UNA EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN

El 28 de agosto de 2003, el Dr. Salomón Lerner Febres presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), en una ceremonia especial en Palacio de Gobierno entregó al país su Informe Final después de dos años de intenso trabajo el mismo que consta de 09 tomos y 06 anexos. En ella se detalla lo que significó el mandato de dicha Comisión: 1) esclarecer los hechos de violencia ocurrida en el Perú entre 1980-2000; 2) identificar a los responsables de tan execrables crímenes y 3) proponer iniciativas destinadas a afirmar la paz y la reconciliación entre todos los peruanos y peruanas. Del mismo modo, dio a conocer sus 171 conclusiones que puntualizan de manera resumida las principales causas del conflicto, las responsabilidades de los actores, las secuelas post traumáticas en las víctimas, la participación de los gobiernos de turno, entre otros puntos que la región de San Martín haría bien en conocer. Desde esa fecha cada 28 de agosto se conmemora la entrega del Informe Final de la CVR.

Han transcurrido cuatro años desde que se hiciera público dicho Informe y entre los diversos valores que pudo haber tenido ese documento, uno particularmente relevante es el de haber propuesto una versión del proceso de violencia que desafiaba la historia oficial instituida implícitamente en los años previos. Esta nueva perspectiva de registrar los hechos, convertida ahora en una memoria histórica de más profundidad y más incluyente, es importante para las acciones y los cambios educacionales que se ha propuesto el gobierno regional de San Martín con miras a la consolidación de la paz y de la democracia.

Sin embargo, la memoria histórica construida por la CVR no ha sido aprovechada lo suficiente ni por las autoridades política ni por los diferentes actores de sociedad civil para hacer de esta memoria un vigoroso ejercicio de pedagogía cívica con el fin de garantizar que estos hechos no se repitan sino que transitemos por caminos de justicia y reconciliación.

Por otro lado, la Dirección Regional de Educación ha escogido una fecha próxima a la conmemoración del IV Aniversario de la entrega del Informe Final para lazar en una ceremonia cívica, el Proyecto Educativo Regional (PER) largamente esperado por el pueblo sanmartinense. El PER tiene una proyección de 14 años y en su visión se proyecta una educación humanista, científica y tecnológica, equitativa y de calidad. Aspira a formar personas competentes, críticas, creativas y que desarrollen proyectos de vida con identidad amazónica. Entre sus objetivos estratégicos está promover una sociedad educadora y un sistema educativo con capacidad transformadora.

Son dos momentos importantes que fortuitamente han coincidido para bienestar de la región. Pero, ¿cómo contribuye la memoria histórica en el cumplimiento de los objetivos del Proyecto Educativo Regional?

En primer lugar, hay que recordar que nuestra región fue escenario de un conflicto armado interno que significó la pérdida de vidas humanas, de infraestructura productiva, del capital social y que, en alianza con el narcotráfico, distorsionaron las vías de desarrollo. En segundo lugar, no podemos olvidar la desnaturalización que hicieran estos “docentes de la muerte” de la digna profesión de ser maestro que, utilizando las aulas y las horas de clase sembraron una visión distorsionada de la realidad generando, de esta manera, sentimientos de violencia. No hay que olvidar tampoco, que la pedagogía utilizada para implantar sus ideologías totalitarias fueron el terror y el espanto las mismas que dejaron secuelas sicológicas difíciles de revertir afectando el aprendizaje de nuestros estudiantes y profundizando el atraso y la pobreza.

En ese sentido, un Proyecto Educativo Regional debe comenzar valorando la memoria histórica como un factor decisivo para reflexionar e interpretar nuestro pasado doloroso y buscar caminos de resignificación de los símbolos que nos dejó la violencia con la finalidad de darle un nuevo sentido al pasado. Todo esto no sería posible si no dispusiéramos de un instrumento de acción como lo es el PER en cuyos objetivos se considera promover una sociedad educadora comprometida con el desarrollo de su comunidad; un sistema educativo capaz de forma personas con valores éticos como la Paz, la Justicia, la Verdad, la Reconciliación valores intrínsecos en toda comunidad sana, pacífica y desarrollada.

Un Proyecto Educativo Regional que se construye desde las bases de la memoria histórica garantizará que las siguientes generaciones ausculten su pasado con la mirada puesta en la esperanza de una sociedad justa y equitativa; con el compromiso irrenunciable de prevenir y atender las causas que originaron esta violencia fratricida para que no se repitan. Estamos convencidos del tremendo impacto que tiene la memoria histórica sobre las decisiones políticas, sobre la forma de hacer justicia y las oportunidades que se tienen para consolidar nuestra convivencia pacífica y democrática.

Por último, es importante mencionar la contribución de la memoria histórica al momento de elaborar el Diseño Curricular Regional Diversificado. Esta diversificación curricular que no es otra cosa que contextualizar el Diseño Curricular Nacional exige que tengamos en cuenta las secuelas que aun están presentes en nuestra región y las necesidades creadas por la violencia política. Prueba de ello son las múltiples demandas de atención en reparaciones y judicialización que las organizaciones de víctimas hacen llegar a la Comisión Regional de Reparaciones. Todos están afectados en su salud mental, muchos han perdido sus tierras y han quedado sumidos en la pobreza extrema. Muchas mujeres que han sufrido violencia sexual viven con el temor de ser estigmatizadas. Estas secuelas pueden explicar en parte la violencia familiar en la que se crecen muchos de nuestros estudiantes.

La visión del Proyecto Educativo Regional de formar “personas competentes, críticas, creativas que desarrollan proyectos de vida” sólo será posible si los saberes y aprendizajes van de la mano de los hechos reales pasados y presentes. El conflicto armado interno que vivimos en San Martín debe ser analizado críticamente por los estudiantes para formar generaciones con proyectos de vidas digna, inclusivas, democráticas, tolerantes y con un profundo respeto por la vida. Una educación transformada es una educación para la paz y la reconciliación.

jueves, 23 de agosto de 2007

QUE ENTENDER POR MEMORIA HISTÓRICA


En el marco del IV Aniversario de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la Comisión Regional de Familiares Víctimas de la Violencia Política juntamente con la Dirección Regional de Educación vienen organizando la ceremonia cívica por el lanzamiento del Proyecto Educativo Regional de San Martín. Con esta ceremonia se dará inicio a toda una semana de actividades que se han programado por la justicia, las reparaciones y la memoria de las víctimas que perecieron o desaparecieron durante el conflicto armado interno que sufrió el Perú entre los años 1980-2000.

El tema de este año gira en torno a la memoria histórica como medio de procesar la violencia y construir una sociedad democrática y pacífica. Pero ¿qué entendemos por memoria histórica? Y ¿cómo nos ayuda en la construcción de una sociedad democrática y pacífica?

La memoria histórica nos remite necesariamente al pasado y, en este caso específico, a un pasado doloroso lleno de muerte y desolación. Pero su mirada al pasado no se origina en el rencor ni en la desesperanza sino, todo lo contrario, en el porvenir de una sociedad justa y equitativa con la esperanza de superar y prevenir esos hechos para que no se repitan. La memoria histórica tiene tres elementos importantes: 1) memorias (recuerdos) individuales, 2) narraciones colectivas, 3) memoria histórica propiamente dicha. Esto en medio de un proceso largo y difícil.

Las memorias o recuerdos individuales en San Martín son múltiples, todas ellas están marcadas por las últimas imágenes o palabras de los familiares que perdieron. Muchos de ellos repiten mentalmente el interminable recorrido que hicieron para encontrar algún familiar desaparecido por las diferentes dependencias policiales, militares, judiciales, hospitales o fosas comunes. Su búsqueda interminable fue guiada por la esperanza de encontrarlos vivos o por saber las verdaderas razones de su detención o desaparición. Muchos sufrieron detenciones arbitrarias o fueron secuestrados o reclutados forzosamente. Producto de estos hechos muchos sufrieron torturas, asesinatos o sufrieron lesiones graves. Hubo violencia sexual contra la mayoría de mujeres. Las ejecuciones extrajudiciales fueron práctica común en esos días.

Según los datos que encontramos en la Tabla Intermuestral del Informe Final de la CVR, los Censos por la Paz 2001-2005 y la lista inicial de “Los Peruanos que faltan” que obra en manos de la Defensoría del Pueblo, la cifra aproximada en San Martín llega a 2,920 víctimas muertas y desaparecidas: Huallaga 94; Rioja 80; Bellavista 105; Picota 93; El Dorado 142; Moyobamba 183; Lamas 277; Mariscal Cáceres 349; San Martín 244; Tocache 1,245; sin ubicación 108. Esta cifra no considera los casos que no fueron denunciados ni testificados ante dicha Comisión ni ante ninguna otra institución.

El estimado de los no registrados se calcula en 1,000 víctimas más. A ésta cifra se suman las víctimas sobrevivientes de tortura, mutilación física, violaciones sexuales y los que fueron encarcelados injustamente que, según los datos obtenidos de las 21 organizaciones de víctimas existentes en la región, suman 300 aproximadamente. A esto hay que agregarle los nombres de los familiares de los muertos y desaparecidos, es decir, mamá, papá, esposa, esposo, hijos e hijas que son calificados como víctima. Con un simple cálculo matemático podemos determinar la cifra aproximada de víctimas en la región: 2,920 + 1,000 x 6 + 300 = 23,820.

Todos ellos tienen sus propios recuerdos que vienen a formar parte de sus memorias individuales producto de sus propias interpretaciones del pasado. En la medida de que esos recuerdos se van organizando a partir de coincidencias comunes se van formando las narraciones colectivas. Para que esto pueda suceder hay que conocer los hechos, interpretarlos y expresarlos creativamente, esto con la finalidad de ayudar a la población a encontrarle sentido a su pasado. Las narraciones colectivas casi siempre comienzan con las víctimas sobrevivientes o los familiares de los muertos o desaparecidos. Esto se va extendiendo lentamente a otros sectores de la sociedad: colegios, centros culturales, iglesias, etc.

Una muestra de ello es el 1° Concurso Regional de Canto, Dibujo, Teatro y Danza organizado por la Asociación Regional de Familiares Víctimas por la Violencia Política de San Martín (ASREFAVISAM) en el mes de agosto del año 2004 en coordinación con la Asociación Paz y Esperanza. Esta convocatoria fue dirigida a los y las estudiantes de los diferentes colegios, institutos y universidad de la región y tuvo como lema “Pintando la Verdad”. A través de este concurso los estudiantes pudieron plasmar su interpretación de los hechos y sus expectativas para el futuro. Resignificaron los símbolos de la violencia y pusieron las bases para un nuevo mensaje de paz e inclusión. La población afectada se sintió interpretada en cada expresión artística y comenzaron a sentirse hermanados; ya no estaban solos ni aislados sino que pertenecían a una comunidad esperanzada y esperanzadora con un mensaje de paz y reconciliación.

Por último, la memoria histórica es el resultado final de ese proceso de reflexión, interiorización y resignificación. Tiene que ver con cómo estas narraciones colectivas se convierten en prácticas sociales al ser asimiladas por la población y sus autoridades. En ese sentido, la memoria histórica tiene un profundo impacto sobre las decisiones políticas, la forma de hacer justicia y, por último, las oportunidades de la consolidación de nuestra democracia nacional y regional. Cuando las narrativas son socialmente compartidas y con un impacto sobre las prácticas sociales entonces estamos hablando de memoria histórica. O dicho de otra forma, cuando las narrativas logran conquistar cierta legitimidad simbólica y eficacia social se constituyen en memoria.

El impacto social y político que vienen originando las narraciones colectivas se pueden evidenciar en la formación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación que investigó los hechos; en el Informe Final que presentaron el cual contiene recomendaciones fundamentales para superar la violencia; en la ley 28592 que crea el Plan Integral de Reparaciones; en la conformación de la Comisión Multisectorial de Alto nivel encargada de diseñar los programas de reparación y supervisar su ejecución y el Consejo de Reparaciones encargada de acreditar y registrar a las víctimas y sus beneficiarios; en espacios de memoria como la Alameda de la memoria y del memorial El Ojo Que Llora ubicada en el Campo de Marte en Lima; en la instalación de la muestra fotográfica “YUYANAPAQ: Para Recordar” que actualmente se expone en el Museo de la Nación.

Ese mismo impacto social y político se viene produciendo en nuestra región. Desde el 2004 existe la Comisión Regional de Familiares Víctimas de la Violencia Política de la Región San Martín, que está presidida por la Dra. Rosario Antón Sarmiento, la misma que está encargada de diseñar políticas regionales de reparación y supervisar el cumplimiento de las mismas. Por ejemplo, en Habana se ha levantado el “Ovalo de la Memoria” en homenaje a todas las víctimas del Alto Mayo y la municipalidad de Moyobamba ha institucionalizado el 10 de diciembre como Día de la reconciliación Nacional.

En cuanto a la implementación de las reparaciones, estas han comenzado por las reparaciones colectivas. 05 centros poblados de la región se beneficiarán con estas reparaciones: Pachiza en Juanjui; Alianza y Yumbatos en Lamas; La Victoria y Nuevo Horizonte en Tocache. Cada una de estas municipalidades recibirán un monto de 100.000 nuevos soles que servirá para los respectivos proyectos de reparación colectiva. Entre los proyectos presentados a la CMAN están la implementación de un Centro de Salud; la construcción del mercado de abastos el cual buscará dar trabajo principalmente a los que sufrieron la pérdida de un familiar directo y un local comunal multiusos que contará con un centro de cómputo, aulas para recibir capacitación y ambientes para sus asambleas comunales. En cuanto a las reparaciones individuales estas se vienen dando esporádicamente. Muchos niños y niñas en edad escolar han sido exonerados en sus pagos por concepto de APAFAS y otros viene siendo atendido en el Seguro Integral de Salud.

Aun falta mucho camino por recorrer en cuanto a la implementación de las reparaciones, sin embargo, existe voluntad política para incluir a este sector de la sociedad en el desarrollo de la región. Sus necesidades están recogidas en el Plan de Desarrollo Concertado y forman parte de los objetivos estratégicos de la Gerencia de Desarrollo Social. Como podemos ver la memoria histórica tiene un profundo impacto en las decisiones políticas de tal manera que desde el centro del poder se vienen generando prácticas sociales que ayudan a construir una sociedad más justa y equitativa; una sociedad que se reconoce así misma como multiétnica, multilingüe y pluricultural que va camino a la reconciliación nacional.

HACIA DONDE VA LA COMISIÓN REGIONAL DE FAMILIARES VÍCITMAS DE LA VIOLENCIA POLÍTICA DE SAN MARTÍN

Faltan pocos días para celebrar un aniversario patrio más. Todos sabemos que en estas fiestas patrias, como el tradicional sermón de las tres horas en semana santa, el presidente Alan García Pérez dará un discurso a la nación con carácter “evaluativo”. Éste será el primer discurso del primer año de su segundo mandato. Pero, no será el único que hará una evaluación política de su gobierno; analistas reconocidos de todas las tendencias; ciudadanos comunes y corrientes lo vienen haciendo a través de los medio de comunicación o encuentros coloquiales.

A diferencia de lo que cree la mayoría de maestros del SUTEP, las evaluaciones son buenas y necesarias. Una evaluación nos permite conocer cuántos logros se han obtenido en un proceso, cuánto se está avanzando, cuánto falta por lograr y sobre todo, cuáles son las principales dificultades encontradas y cómo superarlos. Ningún proceso que aspira alcanzar el éxito puede prescindir de evaluaciones periódicas. En ese sentido, toda evaluación debería tener un carácter propositivo al mismo tiempo que recreador de recursos y estrategias.

Con esta idea en mente haremos un breve análisis del proceso de reparaciones que, en razón del justo derechos que tienen las víctimas de la violencia política, el gobierno regional de San Martín viene implementando conforme lo demanda la ley 28592. Algunas preguntas clave guiarán nuestro recorrido en este análisis. ¿Cuántos programas de reparación se han logrado implementar? ¿Cuál es el rol del Gobierno Regional en las Reparaciones? ¿Cuáles son los nudos que dificultan el proceso? ¿Por dónde se tiene que empezar a resolverlos?

La instancia regional encargada de atender el tema de las reparaciones es la Comisión Regional de Familiares Víctimas de la Violencia Política, creada mediante Ordenanza Regional Nº 017-2004. Esta Comisión tiene la función de diseñar política de reparación individual y colectiva; contribuir en el Registro Regional de Víctimas; proponer iniciativas legislativas así como coordinar el seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones del Informe Final de la CVR, entre otros. Está conformada por 17 integrantes: un representante del sector Salud, Educación, Vivienda, Trabajo, un representante del Ministerio del Interior, MIMDES, Poder Judicial, Ministerio Público, iglesia católica y evangélica, ONG de Derechos Humanos, ANRESAM, FREDISAM, Universidades, Colegio de Profesionales, MCLCLP y cuatro interlocutores de las organizaciones de víctimas: ASREFAVISAM. Esta Comisión está presidida por el gobierno regional, específicamente por la Gerencia de Desarrollo Social, que en la actualidad está a cargo de la Dra. Rosario Antón Sarmiento.

Desde su creación en el 2004, la Comisión poco o nada hizo para impulsar el proceso de reparaciones. Las exigencias de las víctimas se acrecentaron hasta el punto que tuvo que intervenir el mismo Presidente de la PCM Dr. Jorge Del Castillo y el Secretario Ejecutivo de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel - CMAN Dr. Jesús Aliaga, para demandar de la Comisión la oportuna atención a las víctimas de la violencia política. Entre el 2004 y 2006 sólo se realizaron dos reuniones ordinarias con pocos resultados concretos.

Este año en cambio, la Dra. Antón convocó a la Comisión a su primera reunión ordinaria a los 17 días de haber asumido el cargo y desde esa fecha se tienen reuniones periódicas. Buen comenzó. Como era de esperarse los representantes regionales de la Asociación de Víctimas (ASREFAVISAM) presentaron sus demandas largamente postergadas. En una rápida gestión administrativa fueron atendidos los pedidos de exoneraciones de matrículas así como el pago por concepto de APAFA. A nivel regional casi 120 niños y niñas en edad escolar han recibido este beneficio. Sin embargo, las gestiones para acceder a la atención en salud mediante el Sistema Integral de Salud (SIS) no han obtenido los resultados deseados.

Uno de los mayores obstáculos en el proceso es la falta de un registro consolidado de las víctimas de San Martín. Hasta el momento no se sabe con exactitud cuántos son, dónde están, que edades tienen, cuáles son las secuelas que los oprimen. Sin un Registro Regional de Víctimas (RRV) es poco lo que se puede hacer en favor de ellos. La Comisión asumió el desafío de contar con un RRV. Después de seis meses de reuniones de trabajo sólo se cuenta con una lista de nombres con datos básicos que las organizaciones de víctimas han alcanzado a la CMAN para inscribirse en el Padrón Nacional de Organizaciones de Afectados. Según la Resolución Ministerial Nº 325-2004-PCM que crea dicho padrón, éste nada tiene que ver con registrar a las víctimas. Es decir, los casi mil nombres que existen en la base de datos de la Comisión no resistirían la más mínima revisión del Consejo de Reparaciones (CR) encargado de elaborar el Registro Único de Víctimas (RUV) a nivel nacional.

La Secretaria Ejecutiva del CR, Sofía Macher declaró en una reunión de trabajo que se vienen haciendo convenios con diferentes gobiernos regionales, en el que está incluido San Martín, a fin de coordinar acciones que permitan integrar los registros regionales que se vienen elaborando. Estos registros regionales, para ser integrados, tienen que seguir criterios legales y técnicos. Según el informe de la secretaria técnica del CR, Marucia Ruiz-Caro el gobierno regional de San Martín no ha respondido al convenio enviado por ellos.

Si la Comisión no toma en serio su responsabilidad en la elaboración del RRV se corre el riego de incumplir con los requerimientos del CR para que el registro pueda ser integrado. Y si las víctimas de San Martín no están en el RUV sencillamente no serán reparados. Así de simple y serio es la cosa.

Para elaborar el RRV no sólo se requiere de criterios legales y técnicos, sino también de presupuesto. Según el especialista del IDL Gorge Farfán, asesor técnico del gobierno regional de Huancavelica y Apurímac en materia de registros de víctimas, el costo aproximado para el registro de San Martín es de casi un millón de soles. Su geografía y su extenso territorio hacen que se incrementen los costos. El costo material es irrelevante cuando se trata de atender a una población largamente postergado y sufrió perdidas irrecuperables.

La Asociación Paz y Esperanza, integrante de esta Comisión y que acompaña a las víctimas desde hace más de 5 años, envió a la Dra. Rosario Antón la ficha técnica de un proyecto de reparación con información mínima para ser presentado en IV taller del Presupuesto Participativo que se realizó en la provincia de Bellavista en el mes de Junio. Pero, para sorpresa de las víctimas y misma Asociación el proyecto no fue presentado. El resultado final de la gestión de la presidenta de la Comisión en el Presupuesto Participativo es nula: no contamos ni con proyecto de reparación ni con presupuesto para empezar a elaborar el RRV en el 2008. No estoy muy seguro si es por el monto presentado o porque la población afectada no representa un sector políticamente atractivo. Siendo el RRV un instrumento clave para identificar a quienes hay que reparar, sin embargo, es poco o casi nada lo que se ha avanzado.

Otra de las cosas realmente preocupantes es la poca capacidad de reacción que la Comisión tiene antes las denuncias por el tráfico de fichas que algunos líderes inescrupulosos vienen haciendo. Se está traficando con fichas individuales que servirán para registrar a las víctimas. Hasta el momento el CR no ha diseñado la ficha oficial pero en la región existen 02 formatos de fichas individuales. Al mismo tiempo viene circulando las fichas que servirán para elaborar los dos registros creados por ley: Desplazados y Desaparecidos. El primero está a cargo del MIMDES, el segundo de la Defensoría del Pueblo. Todos estos registros se integrarán en el RUV mediante protocoles que el CR viene preparando.

La falta de claridad en algunos funcionarios del estado, por un lado, y la preocupación de las víctimas por estar registrado, por otro, ha hecho que muchos caigan en manos de líderes inescrupulosos que están lucrando con la esperanza de las víctimas. Esto no puede seguir así, la Comisión tiene que intervenir y parar este tráfico mal intencionado. Hace falta establecer mecanismos que ayuden a controlar estas anomalías que se da en todo proceso sobre todo cuando se trata de recibir algún beneficio económico.

Lo concreto es que en este año las reparaciones están lejos de ser implementadas. Las exoneraciones por el pago de matrícula tienen que ser entendidas en el marco de las acciones de las APAFAS que decidieron no cobrar. Los avances en el proceso vienen lentos. Se ha presentado un proyecto de ordenanza que crea el Registro Regional de Víctimas y el Plan Integral de Reparaciones que espera ser aprobado en la siguiente sesión de Consejo.

Por último, ante la aprobación de la CMAN de que sean las municipalidades locales la que ejecuten el presupuesto de las reparaciones colectivas que asciende de 45 millones de soles , la Comisión hizo llegar un oportuno pronunciamiento a la CMAN indicando que se respeten las instancias creadas en las regiones y exigiendo mayor coordinación e información. Hasta el momento no hay respuesta de la CMAN y tal parece que todo ha quedado igual.

Para que las cosas empiecen a cambiar la Comisión tiene que actuar como lo hiza ante la CMAN en el caso de las reparaciones colectivas. Si el Presidente Regional quiere cumplir con las promesas hechas durante su campaña electoral tiene que prestarle más atención al proceso de reparaciones monitoreando y supervisando el trabajo del presidente de la Comisión que finalmente lo representa. Con estos cambios sustanciales se garantizará que el proceso de reconciliación que ha emprendido el país no quede inconcluso.

UN ACERCAMIENTO AL PROCESO DE REPARACIONES EN SAN MARTÍN


Desde que el actual Presidente Regional asumió el cargo, la Comisión Regional de Familiares Víctimas de la Violencia Política de la Región San Martín, encargada de diseñar políticas regionales de reparación y supervisar el cumplimiento de las mismas, viene asumiendo un rol importante en el proceso de reconciliación regional. Dicha Comisión se reúne una vez al mes para tratar temas referentes al Registro Regional de Víctimas (RRV), Plan Integral de Reparaciones (PIR), Programa de Reparaciones Colectivas (PRC) y propuestas de reparación en el Presupuesto Participativo. Producto de estas reuniones la Comisión cuenta con la ficha técnica para el RRV y tiene en sus manos una propuesta del PIR elaborada por los dirigentes de la Asociación Regional de Víctimas.

Una de las tareas pendientes que tiene la Comisión es elaborar el borrador de una ordenanza regional que cree el RRV y el PIR el mismo que tienes que ser elevado al Consejo Regional para su discusión y posterior aprobación. Actualmente, la dirigencia regional de víctimas viene coordinando un plan de incidencia con sus 21 bases para que sus respectivos consejeros regionales entiendan la urgencia de aprobarse dicho normativa.

Pese a que existe voluntad política a nivel regional, no podemos decir lo mismo de la mayoría de los gobiernos locales. Salvo en los distritos de Nueva Cajamarca, Pajarillo, San José de Sisa las autoridades reconocen a las organizaciones de víctimas como actores clave en el desarrollo y la reconciliación. En estos distritos existen organizaciones fortalecidas con capacidad de gestión que vienen siendo convocadas para participar en los procesos participativos. El reconocimiento también lo reciben de la CMAN que le ha entregado una constancia a 14 de ellas por estar inscritas en el Padrón Nacional de Organizaciones de Víctimas.

Ante el anuncio de que las municipalidades ejecutarán el presupuesto de las reparaciones colectivas en los 440 distritos priorizados por la CMAN, los miembros de la Comisión elaboraron un pronunciamiento exigiendo que se respete las instancias creadas en las regiones así como el cumplimiento del reglamento que regula los procedimientos de la CMAN y los gobiernos regionales. En dicho documento se pide una mayor coordinación con los encargados de la CMAN y el Consejo de Reparaciones.

Cabe señalar también que el gobierno regional ha empezado a cumplir con algunas reparaciones la misma que se viene dando de manera restringida. Muchos niños y niñas en edad escolar fueron exonerados en sus pagos por concepto de matrículas y APAFAS y otros vienen siendo atendidos en el SIS aunque no reciben medicinas.

APORTES PARA EL DIAGNÓSTICO TEMÁTICO EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE SAN MARTÍN

Entre los años 1980 y 2000 nuestro país vivió veinte duros años de conflicto armado interno que, según el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (IFCVR), causó aproximadamente setenta mil víctimas fatales. En dicho informe, San Martín es uno de los departamentos con alta afectación producto de esos años de violencia. Junto a Junín, Huanuco, Huancavelica y Apurimac representan el 45% del total de los muertos y desaparecidos.

Según los datos que encontramos en la Tabla Intermuestral del IFCVR, los Censos por la Paz 2001-2005 y la lista inicial de “Los Peruanos que faltan” que obra en manos de la Defensoría del Pueblo, la cifra aproximada en San Martín llega a 2,920 víctimas muertas y desaparecidas: Huallaga 94; Rioja 80; Bellavista 105; Picota 93; El Dorado 142; Moyabamba 183; Lamas 277; Mariscal Cáceres 349; San Martín 244; Tocache 1,245; sin ubicación 108. Esta cifra no considera los casos que no fueron denunciados ni testificados ante dicha Comisión ni ante ninguna otra institución. El estimado de los no registradas se calcula en 1,000 víctimas más. A ésta cifra se suman las víctimas sobrevivientes de tortura, mutilación física, violaciones sexuales y los que fueron encarcelados injustamente que, según los datos obtenidos de las 21 organizaciones de víctimas existentes en la región, suman 300 aproximadamente.

Según la ley 28592 que crea el Plan Integral de Reparaciones los familiares de los muertos y desaparecidos, es decir, mamá, papá, esposa, esposo, hijos e hijas son calificados como víctima. Con un simple cálculo matemático podemos determinar la cifra aproximada de víctimas en la región: 2,920 + 1,000 x 6 + 300 = 23,820.

Mención aparte merecen los desplazados. Producto del conflicto armado muchos sanmartinenses tuvieron que abandonar su lugar de residencia y sufrir el desplazamiento interno para salvar su vida. Otros cientos de desplazados llegaron de las zonas de conflicto y se refugiaron en nuestra región. Actualmente el MINDES viene haciendo un registro nacional de esta población.

Las víctimas de la violencia política representa el 3.14% de la población general (sin contar a los desplazados) y la mayoría se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema. Muchos de ellos sufren desnutrición; viven en casas precarias y sufren de alteraciones mentales. Otros han trucado sus estudios y han perdido sus propiedades siendo contados entre los grupos excluidos. El Estado y los gobiernos regional y local deben cumplir con su obligación de proteger, garantizar y promover los derechos humanos para todas y todos los peruanos, y en especial los derechos de las víctimas del conflicto armado interno. De esta manera se podrá establecer una nueva relación entre el Estado y la sociedad, entre éste y quienes han sufrido la violación de sus derechos fundamentales; construir una cultura de derechos y evitar que los hechos de violencia se vuelvan a repetir.

En ese sentido, el actual Plan de Desarrollo Concertado (PDC) nos permite pensar en una región inclusiva, democrática y concertadora entre Estado y sociedad civil con la finalidad de generar mejores condiciones de vida digna que permitan seguir trabajando por el desarrollo sostenible. A través del EJE DE DESARROLLO SOCIAL que define el desarrollo de capacidades humanas e institucionales como uno de sus principales objetivos es que se puede dar cumplimiento a la justa demanda de la población afectada canalizándola en los Presupuestos Participativos.

En los foros regional y distrital que se realizaron en el mes de octubre de 2006 las organizaciones de víctimas presentaron las siguientes demandas que quedaron registradas en el ACUERDO REGIONAL firmado en Tarapoto con la participación del actual Presidente Regional César Villanueva y que consiste en lo siguiente:

  1. Implementación del Plan Integral de Reparaciones (PIR) de la región
  2. La creación del Registro Regional de Víctimas (RRV).

Esta demanda bien puede ser atendida si la Comisión Regional que ve el tema de las reparaciones a las víctimas de la violencia política se animase a formular un proyecto de reparación que permita gestionar estos dos instrumentos tan importantes en el proceso de justicia y reparación para este sector invisibilizado.

LA NECESIDAD DE POLÍTICAS CLARAS DE REPARACIÓN

Para nadie es un secreto el pacto tácito entre el gobierno aprista con el Fujimontesinismo. Los más interesados en sostener este infame pacto son aquellos implicados en denuncias por violaciones a los derechos humanos y por corrupción. Entre los implicados encontramos a políticos, militares, empresario, medios de comunicación, periodistas; sólo para citar algunos. Los casos Pandolfi y Sergio Tapia, las declaraciones de Rafael Rey, el papel de vicepresidente Guiampietri han fortalecido las percepciones de la población sobre ese pacto. En ese sentido, el pacto tiene el color de la impunidad y la estrategia es desbaratar la justicia y la verdad.

Pero la justicia y la verdad son bienes muy preciados si queremos construir un país verdaderamente democrático e inclusivo. Un instrumento para acercarnos a la verdad de lo que pasó en el Perú en la década de los ’80 y ’90 es el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (IFCVR). Ahí se establece responsabilidad política en los gobiernos de turno y se sugiere responsabilidad penal para los implicados. Las recomendaciones que presentó dicha Comisión son planteadas en el horizonte de la Reconciliación Nacional y la Democratización del país que actualmente vienen siendo atendidas parcialmente. Las recomendaciones no sólo se componen de reparaciones, que es el proceso que más se ha avanzado, sino también de judicialización, reforma institucional y memoria histórica, que son procesos que no caminan como deberían. Por eso decimos que las recomendaciones de la CVR se vienen cumpliendo parcialmente.
Ante esta situación, no creo que exista un proceso de reconciliación, lo que hasta ahora se viene dando son ciertas reparaciones sin una política clara de Reconciliación Nacional, toda vez que, no existe el Consejo Nacional de Reconciliación encargado de monitorear dicho proceso. Las reparaciones, como parte del proceso de reconciliación, vienen siendo conquistadas por la insistencia de la sociedad civil y las organizaciones de víctimas y no como parte de políticas claras de reparaciones. Además, existe la posibilidad de un manejo político de las reparaciones, es decir, a cambio de judicialización y reforma institucional se hace la finta de reparar.

El presupuesto asignado para este año busca atender reparaciones colectivas de zonas con alta afectación. El IFCVR indica claramente que los centros poblados más afectados fueron precisamente los más distantes y empobrecidos muchos de ellos con una lengua materna diferente al castellano. Para este sector, la sobrevivencia, que está ligada a la pobreza extrema, es su preocupación primera y última. Si el alivio viene por programas sociales o por reparación siempre será bienvenida. Si llegan las reparaciones sin tener una clara dimensión reconciliadora, se corre el riesgo de politizar el proceso, o en el peor de los casos, si se confunde programas sociales con reparación, no se estará cumpliendo con el sentido ulterior: la Reconciliación Nacional.

Algo parecido está pasando en San Martín. Tras un Gobierno Regional que entre marchas y contramarchas impulsó algunas propuestas de sensibilización e información entre los responsables de los diferentes sectores, el desinterés sigue igual.

Un nuevo Gobierno Regional se ha instalado, nuevos funcionarios han llegado y una nueva etapa de aprendizaje se ha abierto. A casi tres años de haberse instalado la Comisión Regional de Familiares Víctimas de la Violencia Política, lo que se ha conseguido es mínimo. Esta Comisión fue creada con la finalidad de desarrollar propuestas de políticas públicas a favor de las victimas de la violencia política. Sus 17 integrantes, en su mayoría del sector público, no asumen con responsabilidad su rol; sus delegados cambian constantemente. Lo que sucede con esta Comisión es que la mayoría de sus integrantes no están lo suficientemente informados de la realidad social, económica, física y psicológica de las víctimas. Hasta la fecha, no cuenta con información estadística clara y recién están haciendo los esfuerzos por elaborar un registro regional de víctimas. Hasta el momento se cuenta con la aprobación de la ficha técnica para tal fin pero no se cuenta con presupuesto ni estrategia para recoger la información. Sin una política regional clara en materia de reparaciones que tenga su fundamento en la reconciliación e integración del país, los esfuerzos que se vienen haciendo serán esfuerzos aislados sin una visión integral del proceso.

El Presidente Regional tiene en agenda una preocupación central, el medio ambiente y la ayuda a los damnificados del sur, mientras que los consejeros regionales sólo enfocan los problemas de sus localidades sin una reflexión de lo que como región se necesita resolver. Sólo uno de ellos intenta hablar de la problemática de las víctimas sin mayor eco entre los demás. Las reparaciones es aun un tema pendiente en ese nivel. Hacen falta políticas claras de reparación y un liderazgo regional para empezar a materializar las reparaciones y la judicialización.